El jueves 6 de marzo fue publicada en el Diario Oficial, una norma que crea la Fiscalía Administrativa Permanente de la Contraloría General de la República (CGR).
En un país en que sólo se observa aumento constante del fin fiscalizador y sancionador, por parte de los entes regulatorios y fiscalizadores, ésta ha sido una noticia excelente de defensa para el regulado.
La Contralora, señora Dorothy Pérez, no sólo tiene sólidos conocimientos sino que un excelente criterio.
La Fiscalía ejercerá y revisará el control preventivo de los actos de legalidad (ya no sólo del acto administrativo en sí, sea ello DS, resolución, oficio u otro), sino que de los mismos entes regulatorios estatales, que dictan dichos actos, y que afectan a las empresas (SEREMIs, DGMN, DGA, SNA, Sernapesca, FFAA, SEC, SII, Municipalidades, CMN y otros OAECAs), verificando con este nuevo control, que su dictación sea conforme a Derecho y no torcida.
Esto es un nuevo gran umbral protector contra dolo o malicia, negligencia, abuso, descriterio, arbitrariedad y discrecionalidad no legalmente autorizada (como en el SEIA, por ejemplo), por parte de los entes estatales y reguladores.
La nueva Unidad o Fiscalía de conducta de los entes reguladores y fiscalizadores no constituye nueva burocracia sino que un mero ajuste o reestructuración interna de la CGR.
La Fiscalía nueva está conformada por un/una Fiscal y por 7 fiscales investigadores.
Esto es una gran iniciativa de la Contralora, para velar por el buen comportamiento (conforme a Derecho) de todos los funcionarios públicos, que, de una u otra forma, interactúan permanentemente con las empresas, especial pero no únicamente, por la vía permisológica. El abuso y la aplicación torcida de las normas es una de las peores y más dañinas formas de corrupción pública y de erosión del Estado de Derecho.
